El anuncio del Ministerio de Hacienda sobre la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha desencadenado un choque inédito dentro del Gobierno de coalición, evidenciando una fractura entre el PSOE y Sumar. La decisión, impulsada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha generado un fuerte malestar en el seno del Ejecutivo, que afronta su “martes negro” en medio de una creciente polémica.
Desde Sumar, la respuesta ha sido inmediata y contundente. La formación liderada por Yolanda Díaz considera que la medida contradice el espíritu de protección a los trabajadores con menores ingresos y ha expresado su rechazo frontal. “Es una putada, la noticia es la polémica”, han señalado fuentes del Ejecutivo, reconociendo el impacto negativo que ha tenido la iniciativa en la imagen del Gobierno.
El desencuentro llega en un momento especialmente delicado, cuando el Ejecutivo busca mostrar unidad frente a desafíos económicos y sociales. La decisión de gravar el SMI complica el discurso progresista del Gobierno y supone un golpe para Sumar, que ha hecho de la mejora de las condiciones laborales su principal bandera. Desde el PSOE, sin embargo, se defiende la medida alegando que se trata de un ajuste fiscal necesario dentro del marco normativo vigente.
Este choque interno pone de manifiesto las tensiones crecientes en la coalición y deja en evidencia las diferencias estratégicas entre ambas formaciones. Mientras que el PSOE busca equilibrar las cuentas públicas con decisiones fiscales impopulares, Sumar insiste en mantener su compromiso con la clase trabajadora. La cuestión ahora es si esta crisis interna tendrá consecuencias en la estabilidad del Gobierno o si se logrará encauzar el conflicto antes de que escale aún más.
