El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atraviesa momentos de fuerte desgaste político, según relataron sus propios socios tras las recientes reuniones en La Moncloa. Según Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana, el jefe del Ejecutivo se mostró «muy tocado y jodido», y fue precisamente el republicano quien cuestionó con mayor dureza la continuidad del Gobierno de coalición.
En la sesión de control de este miércoles, Rufián lanzó un ultimátum: «Jure y perjure que no estamos ante la Gürtel del PSOE», espetó al presidente, advirtiendo que, de confirmarse una financiación ilegal similar a la de la trama popular, ERC retirará su apoyo y pedirá elecciones anticipadas junto a Podemos. «Que la gente decida», zanjó.
Durante una conversación privada posterior en Moncloa, Rufián preguntó si el escándalo «se acaba aquí» o si aún queda información comprometedora por salir. Sánchez respondió con un «sí» rotundo, y negó categóricamente que existiera financiación irregular del PSOE. Según fuentes socialistas consultadas por THE OBJECTIVE, el presidente se limitó a atribuir el escándalo a «dos tipos que me han traicionado», y expresó su pesar: «Es una putada».
La tensión, sin embargo, creció cuando Rufián reclamó en público la eliminación de los aforamientos para diputados, senadores, ministros y el propio presidente. Lo planteó como una de las tres condiciones para mantener el respaldo de ERC: transparencia total, sanciones severas a empresas corruptoras y el fin de los privilegios judiciales.
Esa fue la única condición que Sánchez rechazó frontalmente. De acuerdo con las mismas fuentes, el presidente pidió expresamente a Rufián que no insistiera en esa vía, alegando que «los necesita» en el contexto de la actual «ofensiva judicial» contra su entorno familiar. Cabe destacar que ni su esposa, Begoña Gómez, ni su hermano, David Sánchez, están aforados, aunque este último podría verse beneficiado indirectamente por el aforamiento del presidente del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.
Desde la imputación de su esposa hace un año, Moncloa ha endurecido su discurso contra el poder judicial y los medios de comunicación, acusando a ciertos sectores de practicar lawfare con el objetivo de derribar al Gobierno. A pesar del archivo de las querellas contra el juez Juan Carlos Peinado, que instruye el caso, el Ejecutivo insiste en que existe una campaña de persecución institucional que no cesará hasta intentar imputar al propio presidente.
