El Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, adjudicó 2,2 millones de euros procedentes de fondos europeos a empresas relacionadas con la presunta red de corrupción investigada por la Guardia Civil. Según ha informado El Confidencial, las compañías Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), vinculadas a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García, recibieron contratos públicos durante la actual legislatura.
Una de las adjudicaciones más relevantes tuvo lugar el pasado 14 de enero. La Dirección General de Carreteras, dependiente de Transportes, otorgó a una unión temporal de empresas formada por Grulop 21 y OPR un contrato valorado en más de dos millones de euros para construir una pasarela peatonal en la GR-30 (Granada), dentro del marco del Plan de Recuperación financiado con fondos Next Generation. Aunque la oferta técnica de la empresa competidora, Vilor Infraestructuras, era superior, la propuesta económica de la UTE fue determinante para la adjudicación.
Lo polémico del caso es que, para ese momento, ya existía en el Tribunal Supremo documentación aportada por el comisionista Víctor de Aldama que vinculaba a OPR con el cobro de comisiones ilegales a cambio de contratos. Pese a ello, el ministro Puente minimizó su relevancia, calificando esa información como “un papeluco”. Posteriormente, la Unidad Central Operativa (UCO) confirmó buena parte de esas acusaciones en su investigación.
Otra adjudicación cuestionada fue la ampliación por casi 290.000 euros de un contrato ya concedido a Levantina Ingeniería y Construcción —en asociación con Diez y Compañía— para mitigar el ruido en la autovía A-42 a su paso por Getafe. La modificación, aprobada el 19 de diciembre de 2024, elevó el presupuesto total a casi dos millones de euros, también con fondos europeos.
Las relaciones entre estas empresas y los principales investigados son múltiples. OPR, dirigida por los hermanos Daniel y Antonio Fernández Menéndez, tenía vínculos directos con Koldo García desde al menos 2018. Comunicaciones interceptadas muestran que Daniel Fernández solicitó la intermediación de Koldo para obtener contratos y que facilitó la contratación de la esposa de este último en una empresa sin necesidad de acudir al puesto de trabajo.
Una tercera obra bajo sospecha, valorada en 7,3 millones y adjudicada en Asturias, generó entusiasmo entre los implicados. En un chat interno, la entonces subdirectora general de Construcción, Camino Arce, comentó: “Parece que hemos hecho bingo en Asturias”. Arce actualmente trabaja en la empresa pública SEITT.
Levantina Ingeniería y Construcción, por su parte, aparece de forma reiterada en los informes de la UCO y en la documentación entregada por Aldama al Supremo. Su propietario, José Ruz, mantenía contactos directos con Ábalos y Koldo, a quien presuntamente pagaba 1.100 euros mensuales. Según las investigaciones, la empresa recibió contratos por 128 millones de euros durante el mandato de Ábalos, incluyendo uno relacionado con el Club de Natación de Sevilla, por el cual Aldama habría cobrado comisión. LIC también figura entre las adjudicatarias del Gobierno canario de Ángel Víctor Torres.
La investigación continúa abierta y amenaza con ampliar su alcance dentro de la administración central, mientras el foco de la UCO se desplaza ahora hacia la etapa de Óscar Puente al frente de Transportes.
