La primera jornada de huelga convocada por jueces y fiscales ha arrancado sin que el Ministerio de Justicia pueda aplicar aún los descuentos salariales correspondientes a los profesionales que secunden la protesta.
A pesar de que la cartera dirigida por el Gobierno solicitó formalmente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía los datos necesarios para efectuar las deducciones, ninguno de los dos órganos ha remitido la información requerida.
Esta falta de datos deja en el aire la posibilidad de detraer el salario de quienes participen en el paro, generando incertidumbre en el seno del Ejecutivo sobre la eficacia de sus mecanismos de control. El conflicto laboral se enmarca en una serie de reivindicaciones por mejoras salariales y condiciones laborales que los colectivos judiciales mantienen desde hace meses.
Fuentes del Ministerio de Justicia han manifestado su preocupación por la falta de colaboración institucional y señalan que insistirán en obtener la información necesaria para proceder conforme a la legalidad vigente.
