El juez Juan Carlos Peinado no prorrogó la instrucción ni citó a declarar a los investigados, lo que invalida gran parte del procedimiento y deja sin juicio a los líderes de la llamada ‘criptosecta’
Madrid – La causa judicial contra IM Academy, una empresa acusada de operar como una secta centrada en criptomonedas, ha quedado prácticamente desmantelada tras una serie de errores procesales cometidos por el juez de instrucción, Juan Carlos Peinado. El magistrado no prorrogó los plazos legales de investigación ni citó a declarar a los principales investigados, lo que ha obligado a archivar la causa, según el auto dictado recientemente por el propio juez.
IM Academy se estableció en España en 2017 y logró captar a miles de jóvenes con supuestos cursos de formación sobre inversiones en criptomonedas. En 2021, catorce familias denunciaron ante la asociación RedUne —especializada en sectas— que sus hijos habían sido absorbidos por la organización, alejándose de su entorno familiar y social, y volcándose en captar nuevos miembros para la academia.
El caso fue asignado al Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, bajo la tutela del juez Peinado, que abrió diligencias en 2021. Sin embargo, el plazo legal de instrucción expiró en marzo de 2022 sin que se solicitara prórroga alguna. Las actuaciones realizadas a partir de esa fecha carecen ahora de validez jurídica. A esto se suma que los ocho principales investigados nunca fueron citados a declarar ni se les informó formalmente de su condición procesal, lo que vulnera su derecho a la defensa y compromete la validez del proceso.
En marzo de 2025, el proceso parecía avanzar cuando el juez dictó un auto en el que apreciaba indicios de delito. En él, describía cómo los jóvenes captados sufrían “presiones sociales” para atraer nuevos miembros, recibían “recomendaciones diarias” sobre productos financieros sin información sobre riesgos, y eran sometidos a una formación de “escasa calidad”. Según la Policía Nacional, todo apuntaba a un esquema piramidal encubierto.
Los cursos costaban 250 euros por la inscripción inicial, 150 euros mensuales, y hasta 500 euros adicionales por asistir a eventos presenciales. A quienes conseguían captar nuevos miembros se les reducían las cuotas. Las familias denunciaron casos de aislamiento, abandono escolar, enfrentamientos familiares y jóvenes viviendo en condiciones precarias.
Pese a las pruebas iniciales, la Fiscalía solicitó el archivo de la causa por los fallos procesales y la insuficiencia probatoria dentro del marco legal vigente. El juez Peinado ha asumido los argumentos del Ministerio Público, reconociendo que sus propios errores —no prorrogar la instrucción ni formalizar la situación de los investigados— impiden continuar el procedimiento.
La acusación particular, liderada por el abogado Carlos Bardavío en nombre de RedUne, ha recurrido el archivo. Argumenta que su personación en la causa fue bloqueada durante ocho meses, lo que impidió solicitar a tiempo la prórroga de la instrucción. Además, denuncia que, debido a este retraso, no se pudieron practicar más de 20 diligencias clave para reforzar las acusaciones. Entre ellas, el análisis de monederos virtuales, la investigación de fondos en el extranjero y el desglose de las cuentas bancarias de los líderes de la presunta trama.
Bardavío también sostiene que no ha existido indefensión de los investigados, ya que sus abogados participaron activamente en el proceso, presentaron escritos y realizaron gestiones ante el juzgado. Solicita que se reconozca la validez de todas las pruebas y que el procedimiento continúe.
La decisión sobre este recurso no tiene un plazo determinado y se espera que se resuelva tras el verano. Mientras tanto, las familias afectadas viven con incertidumbre el que podría ser el desenlace de un caso que consideraban fundamental para hacer justicia y visibilizar los peligros de las sectas financieras.
