Rafael Pérez, quien fuera el ‘número dos’ del Ministerio del Interior bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, ha sido nombrado para un puesto en el Tribunal Supremo en el marco del reciente acuerdo entre PSOE y PP sobre renovación de órganos institucionales, lo que ha reactivado el debate sobre las puertas giratorias en la política española.
La salida de Pérez del Ministerio se produjo en un momento especialmente delicado: justo después de que saliera a la luz una campaña supuestamente dirigida desde el entorno del PSOE contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el cuerpo encargado de investigar casos de corrupción de alto nivel. La estrategia, atribuida a Leire Díez, asesora cercana al partido y considerada una de sus operadoras clave en comunicación, generó tensiones internas y una fuerte polémica mediática.
La designación de Pérez para el alto tribunal se interpreta en algunos sectores como parte de las concesiones políticas incluidas en el reciente pacto bipartidista para la renovación de cargos judiciales. El nombramiento ha reavivado las críticas desde formaciones políticas y organizaciones que denuncian la falta de independencia del Poder Judicial y la persistencia de dinámicas de compensación política entre los grandes partidos.
El caso también ha generado inquietud en el seno de la Guardia Civil, donde fuentes internas aseguran que la campaña contra la UCO provocó un notable malestar entre los mandos y agentes que participan en investigaciones sensibles, algunas de ellas con implicaciones políticas.
