El impulso a un nuevo modelo de financiación singular para Cataluña vuelve a encontrar múltiples barreras en su camino. A la falta de apoyos parlamentarios suficientes en el Congreso para llevar adelante cualquier reforma de calado, se suma ahora el rechazo frontal de los inspectores fiscales, que advierten de posibles desigualdades en el sistema y problemas de coordinación con la Agencia Tributaria estatal.
El acuerdo, que ha encendido un debate territorial complejo y de amplio alcance, también está condicionado por la capacidad operativa de la Agencia Tributaria de Cataluña. Según fuentes conocedoras del proceso, la administración autonómica no cuenta actualmente con los medios tecnológicos ni con el personal necesario para asumir las competencias fiscales que exigiría un modelo propio de recaudación o de gestión compartida más avanzada.
Estas dificultades técnicas y administrativas se suman a un contexto político fragmentado y marcado por tensiones entre comunidades autónomas, lo que complica aún más cualquier avance. Mientras el Govern insiste en la necesidad de un sistema que reconozca la “singularidad fiscal” de Cataluña, otras regiones rechazan cualquier medida que pueda suponer privilegios o agravios comparativos.
El futuro del modelo catalán de financiación sigue así envuelto en incertidumbre, con una negociación que deberá superar no solo obstáculos legales y políticos, sino también las propias limitaciones estructurales del sistema.
