Tres de las seis acusaciones del caso del 6-F han presentado sus escritos de acusación contra los 16 guardias civiles procesados por la muerte de al menos 14 personas en el espigón del Tarajal. Defensa, Fiscalía y Abogacía del Estado piden la absolución de los agentes mientras que las defensas piden un mínimo de dos años por fallecido según ha avanzado Ceutaldia.com
Todas las acusaciones que hasta el momento han presentado sus conclusiones solicitan imputar los delitos de homicidio por imprudencia grave y delito de omisión del deber de socorro. Por la primera pena, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Coordinadora de Barrios y Sociedad Humana piden entre dos y tres años y nueve meses de prisión por fallecido.
Entre dos y tres años y nueve meses de prisión por fallecido
La Coordinadora de Barrios pide sumar casi cuatro años de prisión por la omisión del deber de socorro. Por el mismo delito, CEAR pide el pago diario de multas que ascienden a unos 200.000 euros. Sociedad Humana, a la suma de CEAR añade la petición de inhabilitación por unos 80 años.
CEAR también ve precaricación
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado añade prevaricación (incumplimiento de los deberes como servidor público) a los dos delitos anteriores. La jueza de Instrucción que ha ordenado el procesamiento de los guardias civiles no contempla en el auto este delito por el que CEAR pide 15 años de inhabilitación profesional.
Hay dos fases judiciales paralelas
En estos momentos el proceso está rodando sobre dos vías judiciales. Por un lado tenemos sobre la mesa de la Audiencia Provincial de Cádiz la petición de archivo de la Fiscalía y la defensa, petición que las acusaciones populares han recurrido. La magistrada podría aplicar la doctrina Botín y decidir que ante la falta de acusación particular (no hay víctimas denunciando directamente) y la petición de archivo de Fiscalía, carpetazo al caso. La Audiencia Provincial de Cádiz es el mismo órgano que ha dictado dos veces la reapertura del 6-F.
Por otro lado, la jueza del 6 de Instrucción de Ceuta, que ordenó tirar adelante con la causa, tiene que analizar los escritos de la acusación y la defensa para decidir si finalmente los guardias civiles llegarán a declarar en el juicio oral o no.
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