Ceuta, 15 de mayo de 2025 – La empresa municipal SERVILIMPCE vuelve a situarse en el foco de la polémica tras ser acusada de modificar las condiciones laborales de varios trabajadores antes de contar con la aprobación del Consejo de Administración, órgano competente para validar este tipo de decisiones. Empleados contratados exclusivamente para fines de semana habrían sido llamados ya para incorporarse a jornadas de 35 horas semanales, un cambio que no ha sido aprobado formalmente.
Lo más llamativo del caso es que el Consejo de Administración encargado de tratar este asunto no se reunirá hasta mañana, viernes 16 de mayo, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad de las modificaciones ya ejecutadas. Diversas fuentes se preguntan cómo es posible que se estén aplicando cambios en los contratos laborales antes de que el órgano correspondiente se haya pronunciado al respecto.
La situación resulta aún más grave al conocerse que existe un informe de la Inspección de Trabajo en contra de estas prácticas, en el que se advierte sobre la irregularidad de alterar condiciones contractuales sin seguir los procedimientos establecidos. A pesar de ello, Servilimpce habría seguido adelante con estas actuaciones, desoyendo no solo las normas de contratación pública, sino también las advertencias de la autoridad laboral.
Desde varios sectores se denuncia que la empresa pública está vulnerando principios fundamentales como el mérito, la capacidad y la legalidad, que deben regir todas las contrataciones en el sector público. “Se están tomando decisiones al margen de la legalidad y antes de que los órganos de gobierno tengan siquiera la oportunidad de debatirlas y aprobarlas”, señalan fuentes cercanas al caso.
A todo esto se suma el silencio tanto de la dirección de Servilimce como de los sindicatos, que hasta el momento no han ofrecido explicaciones públicas ni han informado oficialmente a la plantilla sobre la situación. Esta falta de transparencia ha incrementado el malestar entre los trabajadores y ha alimentado la sospecha de que se están produciendo decisiones discrecionales, sin ningún tipo de control institucional.
La oposición en la Asamblea no descarta llevar el asunto a Pleno y exigir responsabilidades políticas y administrativas, al considerar que esta actuación puede constituir un precedente muy peligroso para la gestión de las empresas públicas.
Mientras tanto, crece la presión para que se investiguen los hechos, se frenen las actuaciones unilaterales y se garantice el respeto a los procedimientos legales en todas las decisiones que afecten a la plantilla de Servilimpce .
