José Antonio Marco Sanjuán, presidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), ha presentado su dimisión tras la publicación de varias investigaciones del diario El Debate, que lo señalan como beneficiario de pagos en metálico a cambio de favores en procedimientos fiscales.
El organismo que presidía, adscrito al Ministerio de Hacienda y dependiente directamente de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, se ha visto salpicado por un escándalo que compromete la imagen del ministerio. Según el citado medio, Marco Sanjuán habría recibido más de 100.000 euros en sobres de parte de un empresario, quien asegura que el dinero tenía como finalidad conseguir la anulación de reclamaciones millonarias presentadas contra su empresa ante el TEAC.
La presión política y mediática ha acelerado los acontecimientos. Fuentes del Ministerio de Hacienda han confirmado que el pasado lunes la propia Montero pidió al secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, que exigiera explicaciones a Marco Sanjuán. Ante la falta de argumentos convincentes, Gascón –quien hasta ahora había respaldado al ya ex presidente del TEAC– le trasladó que su continuidad era insostenible. Finalmente, Marco Sanjuán optó por presentar su renuncia, que será formalizada este martes en Consejo de Ministros. Su sustituto será José Ignacio Ruiz Toledano, inspector de Hacienda y actual vocal del tribunal.
Testimonio directo y mensajes comprometedores
El detonante de la crisis fue la publicación de un testimonio especialmente revelador: un empresario confesó haber entregado en mano a Marco Sanjuán sobres con grandes sumas de dinero en metálico en un hotel cercano a la sede del TEAC, en la calle Panamá de Madrid. “En total, le he dado ciento y pico mil euros”, declaró. Afirmó también que el alto cargo del Ministerio de Hacienda no disimulaba su interés: “Él no se corta nada, levanta la tapa y se pone a mirar”.
El empresario detalló que, en varias ocasiones, Marco Sanjuán le contactó insistentemente para concertar nuevos encuentros y reclamó más pagos, especialmente en épocas como las vacaciones. Además, afirmó que el ex presidente del TEAC utilizaba su teléfono oficial —una línea a nombre del Ministerio— para tratar asuntos relativos a estos pagos, y que le enviaba mensajes de WhatsApp exigiendo dinero. “Antes me escribía: ‘Dinero’. Ahora ya se cuida más y me dice: ‘A ver cuándo quedamos a tomar un café’”, explicó.
En algunos de estos intercambios, Marco Sanjuán habría insinuado que parte de las sumas se destinaban a otros funcionarios del Ministerio de Hacienda: “Me tienes que seguir dando porque los demás ya han cobrado todos”, asegura que le dijo. Tres meses después repitió: “Tengo que seguir dando a los demás”. El empresario sospechó entonces que utilizaba esta supuesta red como coartada para presionarle y justificar nuevas exigencias.
Prácticas que se remontan al pasado
Las prácticas atribuidas a Marco Sanjuán no serían nuevas ni exclusivas de su etapa bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. Según la investigación de El Debate, ya durante su anterior responsabilidad como presidente del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León —cargo que ocupó durante una década— habría favorecido a varias empresas a cambio de compensaciones económicas.
Entre los casos destacados figura el de Discomtes Valladolid SL, beneficiada por la anulación de una sanción aduanera de 64.000 euros, y el de Refinería Olmedo SA, empresa vinculada a la azucarera Acor, que se vio favorecida en un procedimiento en el que Hacienda reclamaba 1,2 millones de euros. En este último caso, los pagos habrían sido canalizados a través de socios suyos que actuaron como testaferros.
Reacciones y consecuencias
La situación de descrédito generada por este escándalo había provocado ya fuertes críticas desde diversos sectores. El exdirector de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz-Jarabo, afirmó recientemente que la negativa de Marco Sanjuán a dimitir estaba afectando a la reputación de todos los funcionarios del área tributaria.
La ministra Montero evitó respaldar públicamente al implicado cuando fue interpelada en el Congreso por el Partido Popular. La falta de apoyo político, unida a la presión mediática, ha terminado provocando su salida. Ahora, la atención se centra en si se abrirá una investigación judicial y en si las implicaciones del caso alcanzan a otros niveles del Ministerio.
