lanchas rápidas cargadas con bidones de combustible para abastecer a las narcolanchas— se ha convertido en un quebradero de cabeza para las fuerzas de seguridad en la costa sur de España. Estas embarcaciones funcionan como auténticas gasolineras flotantes que garantizan la autonomía de las redes de narcotráfico en el mar.
La Guardia Civil se enfrenta a enormes dificultades para frenar esta práctica, que permite a los grupos criminales prolongar sus operaciones sin necesidad de tocar tierra. Aunque los agentes interceptan cada vez más embarcaciones, la falta de una normativa específica sobre el transporte y suministro de combustible en aguas abiertas genera un vacío legal que limita la capacidad de actuación.
Fuentes judiciales admiten su frustración: los jueces lamentan no contar con un marco normativo claro que tipifique este tipo de actividades y permita sancionar con contundencia a quienes participan en el abastecimiento de las narcolanchas. Mientras tanto, los clanes del narcotráfico siguen adaptando sus métodos, aprovechando la ambigüedad legal y las dificultades operativas de las autoridades.
El resultado es un pulso constante en el que la innovación del crimen organizado avanza más rápido que la capacidad del Estado para regular y responder de forma efectiva.
