El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, oficializan este lunes un acuerdo histórico mediante el cual el País Vasco asumirá la gestión del pago de las prestaciones por desempleo a cerca de 44.700 personas. Esta cesión, largamente reivindicada por el PNV, representa un paso significativo hacia la aspiración de los nacionalistas vascos de construir una Seguridad Social propia.
La medida se enmarca en el proceso de transferencias pendientes recogidas en el Estatuto de Gernika, y se presenta como una descentralización administrativa que permitirá al Gobierno vasco gestionar directamente los subsidios a los parados en la comunidad autónoma. No obstante, la Seguridad Social como sistema común seguirá dependiendo del Estado central.
Desde Moncloa aseguran que este traspaso no compromete la caja única de la Seguridad Social, mientras que el Ejecutivo vasco celebra el avance como un acto de “autogobierno efectivo”. El acuerdo podría tener implicaciones políticas más amplias, al consolidar los apoyos del PNV al Gobierno central en un contexto parlamentario muy ajustado.
Este paso marca un precedente que podría reavivar debates sobre el modelo territorial del Estado y la posible réplica de esta medida en otras comunidades autónomas con aspiraciones similares.
