El Ministerio del Interior ha frustrado un plan de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil destinado a rastrear con la máxima discreción los contactos del ex alto cargo socialista Santos Cerdán durante su estancia en prisión. La operación, que había sido diseñada como una actuación reservada y sensible, fue obstaculizada por decisiones del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.
Fuentes conocedoras del caso señalan que la UCO había solicitado realizar indagaciones específicas sobre las comunicaciones de Cerdán, dada la importancia de los vínculos que aún mantiene con diversos actores políticos. La solicitud iba acompañada de un requerimiento explícito de confidencialidad para evitar filtraciones que pudieran comprometer la investigación.
Sin embargo, la autorización fue demorada y posteriormente desestimada en el ámbito del Ministerio del Interior, lo que ha generado malestar en círculos policiales. La defensa de Cerdán, por su parte, fue informada del procedimiento en una fase temprana, contraviniendo el criterio de discreción solicitado por los investigadores.
La maniobra ha sido interpretada por sectores de la Guardia Civil como una interferencia política en una investigación que, en su opinión, debía haberse desarrollado sin presiones externas. Algunos mandos consideran que esta intervención compromete la independencia operativa de la unidad y plantea interrogantes sobre la voluntad del Ejecutivo de permitir que las pesquisas avancen hasta sus últimas consecuencias.
