José María Ángel Batalla, comisionado del Gobierno para la Dana, se enfrenta a graves acusaciones por presunta falsificación de su formación académica, mientras crecen las dudas sobre la legalidad de su designación con rango de subsecretario.
El caso que rodea a José María Ángel Batalla, histórico dirigente del PSPV-PSOE y actual comisionado del Gobierno para la Dana, ha abierto una grieta en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La Agencia Antifraude valenciana investiga al alto cargo por presuntamente falsificar sus títulos académicos para acceder de forma irregular a un puesto como funcionario en la Diputación de Valencia. Una situación que, de confirmarse, pondría en entredicho la legalidad de su actual cargo, de rango equivalente a subsecretario.
La polémica no sólo salpica al propio Ángel, sino también al Gobierno central, que lo nombró el pasado 10 de diciembre por real decreto, a propuesta del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y con el aval del Consejo de Ministros. Según establece la normativa, este tipo de nombramientos exige ser funcionario de carrera perteneciente al subgrupo A1, condición que sólo se adquiere mediante la posesión de un título universitario de Grado, como estipula la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Desde el PP, la portavoz en el Senado, Alicia García, ha exigido su “cese fulminante” y advierte de que todos los actos administrativos firmados por José María Ángel desde su puesto de comisionado podrían ser anulados si se confirma que accedió a él de manera fraudulenta.
La ley que regula el ejercicio del alto cargo insiste en que solo pueden ser designadas aquellas personas cuya “honorabilidad, formación y experiencia” estén debidamente acreditadas. Además, el propio alto cargo debe presentar una declaración responsable asegurando la veracidad de los datos aportados y que dispone de la documentación que los respalda.
Ante la creciente presión, el Ministerio de Política Territorial ha solicitado al propio Ángel Batalla que presente toda la información necesaria para esclarecer su situación. Sin embargo, en el seno del PSPV-PSOE se resisten a abandonar su defensa. Jordi Mayor, portavoz socialista, sostiene que se trata de una “filtración interesada” con fines políticos y asegura que el comisionado dará “explicaciones de la A a la Z”.
Mayor ha calificado a Ángel como “un excelente alcalde” durante su etapa en La Eliana (1997-2015) y ha elogiado su papel en la gestión de emergencias en el gobierno autonómico de Ximo Puig. El partido cierra filas y acusa a la investigación de basarse en “una sola versión”, sin conocimiento previo por parte del afectado.
No obstante, el caso amenaza con ir más allá del ámbito autonómico y alcanzar al propio presidente del Gobierno, dado que la designación de altos cargos como subsecretarios requiere el visto bueno directo del jefe del Ejecutivo. La “excepcionalidad” del caso y sus implicaciones jurídicas abren un nuevo frente en Moncloa, que opta por la cautela a la espera de la documentación que aporte el investigado.
