El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha decidido llevar al pleno del próximo martes una moción que exige al Gobierno la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025. Según el PP, esta acción es fundamental para que el Ejecutivo cumpla con su «obligación constitucional».
En la moción registrada, el PP subraya que la presentación de los presupuestos no es simplemente una recomendación, sino un deber inexcusable del Gobierno ante las Cortes Generales y toda España. La falta de presentación de estos presupuestos, según los populares, resalta una ausencia de proyecto político por parte del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
Los presupuestos son considerados por el PP como «la ley principal de un Gobierno». Son la herramienta mediante la cual un Ejecutivo expresa su hoja de ruta y su compromiso con la rendición de cuentas. La ausencia de estos documentos, argumentan, supone un grave menoscabo de la función parlamentaria de control y del derecho de los ciudadanos a conocer y valorar el rumbo económico del país.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha criticado duramente al Gobierno, acusándolo de estar en «rebeldía constitucional». Según García, la decisión de no presentar los presupuestos es un «capricho» de Sánchez y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Esta situación, afirma, genera inestabilidad y afecta especialmente a las comunidades autónomas, entidades locales y organizaciones sociales.
El PP, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, espera que su moción sea debatida y aprobada, lo que pondría presión adicional sobre el Gobierno para que cumpla con sus obligaciones constitucionales. La presentación de los presupuestos es vista como un paso crucial para garantizar la estabilidad y transparencia económica del país.
En conclusión, el Partido Popular está decidido a utilizar su influencia en el Senado para obligar al Gobierno a cumplir con lo que consideran un deber constitucional esencial. La falta de presentación de los presupuestos no solo afecta la estabilidad económica, sino que también pone en cuestión el compromiso del Ejecutivo con la transparencia y la rendición de cuentas.
