El Tribunal Supremo ha manifestado su rechazo a lo que considera “presiones” externas relacionadas con la posible aplicación de la Ley de Amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont, en particular en lo referente al delito de malversación de fondos públicos. La institución judicial ha denunciado una “campaña” dirigida a “desacreditar” al alto tribunal y ha subrayado con firmeza que su actuación responde exclusivamente a criterios de legalidad.
Desde el Supremo insisten en que la interpretación y aplicación de la Ley Orgánica de Amnistía corresponde al ámbito de la “legalidad ordinaria” y no al constitucional, recalcando así su autonomía frente a los discursos políticos que buscan condicionar sus decisiones.
Esta declaración se produce en un contexto de fuerte polarización política y social en torno a la ley de amnistía, aprobada recientemente por las Cortes Generales, y su impacto sobre diversos encausados por el procés, entre ellos Puigdemont, actualmente eurodiputado.
El Supremo reitera su compromiso con la imparcialidad judicial y recuerda que será en el marco del procedimiento ordinario donde se valorará si procede aplicar o no la amnistía a los casos concretos, sin injerencias externas ni condicionamientos políticos.
