El Tribunal de Justicia de la UE reafirma el derecho de los jueces españoles a elevar cuestiones prejudiciales, incluso tras una sentencia del TC
El Tribunal Supremo podrá elevar dudas sobre la aplicación de la Ley de Amnistía al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), incluso si el Tribunal Constitucional (TC) ha respaldado previamente su legalidad. Así quedó de manifiesto durante la vista celebrada ayer en la Gran Sala del TJUE en Luxemburgo, donde el debate giró en torno a si la reciente sentencia del TC podría limitar la capacidad de los jueces ordinarios de acudir a la justicia europea.
El vicepresidente del TJUE, el alemán Thomas von Danwitz, expresó su inquietud sobre una posible lectura restrictiva de la sentencia del Constitucional español. «Quisiera que disipe mis temores y me diga que no puede hacerse esta lectura de la sentencia», dijo dirigiéndose a la abogada del Estado, Andrea Gavela.
La representante del Gobierno aseguró que nada impide a un juez elevar una cuestión prejudicial, aunque después se enredó en matices sobre controles abstractos y concretos. Fue entonces cuando el presidente del tribunal, Koen Lenaerts, intervino en español para aclarar: «¿El juez ordinario puede presentar la prejudicial tanto antes como después de la sentencia del Tribunal Constitucional? ¿Es verdad o no?». Gavela respondió finalmente: «Sí».
Las preguntas del tribunal llegaron el mismo día en que la Audiencia de Sevilla decidió llevar ante el TJUE su postura sobre el caso de los ERE, después de que el TC anulara algunas condenas. Ese movimiento revivió las tensiones sobre el alcance del Constitucional. Una tentativa previa del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, de frenar el recurso a Luxemburgo fue descartada por falta de base jurídica.
La jornada también estuvo marcada por una inusual sintonía entre las partes. La abogada del Estado, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, y la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, coincidieron con las defensas de los encausados. Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, celebró esa convergencia: «Hoy la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los afectados venimos de la mano defendiendo lo mismo».
Boye defendió además que en el procés no se utilizaron fondos europeos y negó la existencia de una “autoamnistía”. «Lo que hay es convivencia entre dos pueblos enfrentados», afirmó.
En este contexto, el TJUE volvió a dejar claro que los jueces nacionales conservan el derecho a plantear cuestiones prejudiciales sin restricciones impuestas por tribunales constitucionales nacionales. Una garantía clave para asegurar la primacía del derecho comunitario.
