El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado esta semana la nueva regulación sobre coeficientes reductores que permitirán ampliar el acceso a la jubilación anticipada para trabajadores de profesiones consideradas peligrosas o penosas. La reforma, fruto del acuerdo entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos, busca facilitar el retiro anticipado sin que ello suponga una reducción en el importe de la pensión.
¿Quiénes podrán jubilarse antes?
A partir del 17 de junio de 2025, el Gobierno podrá reconocer a nuevos colectivos laborales el derecho a la jubilación anticipada, previa solicitud de sus respectivos sectores a través de patronales y sindicatos. No se trata de una opción individual, sino de un beneficio colectivo que deberá ser aprobado para cada gremio.
Actualmente, la edad legal de jubilación oscila entre los 65 y 67 años, dependiendo del tiempo cotizado. Con esta reforma, se pretende que aquellos empleados de sectores especialmente peligrosos puedan retirarse antes sin perder su pensión íntegra. Por ejemplo, los mineros o policías locales ya cuentan con la posibilidad de jubilarse a los 60 años, mientras que los toreros pueden hacerlo desde los 55 años. La ley establece un límite mínimo de 52 años para cualquier profesión que solicite la jubilación anticipada.
¿Qué impacto tendrá en la pensión?
La reforma permitirá que los sectores reconocidos puedan solicitar a la Seguridad Social la evaluación de la peligrosidad o penosidad de su actividad, y en función de ello, se fijará la edad a la que sus trabajadores podrán jubilarse con derecho a la pensión completa. Si la solicitud es aprobada, por ejemplo, los obreros de la construcción podrían jubilarse a los 60 años con el 100% de su pensión. Sin embargo, si deciden anticipar aún más su retiro, se aplicarán los coeficientes reductores y su pensión se verá ajustada según el tiempo cotizado y la antigüedad.
Esta regulación no afectará a quienes ya estén jubilados, que mantendrán sus condiciones actuales.
¿Qué efectos tendrá sobre el salario durante la vida laboral?
Para compensar la disminución de aportes a la Seguridad Social por la jubilación anticipada, la reforma establece la obligación de que las empresas de sectores beneficiados paguen una sobrecotización durante la vida laboral de sus empleados. Este coste extra será negociado entre patronales y sindicatos, pudiendo recaer mayoritariamente en los empresarios o, en algunos casos, en los propios trabajadores, lo que podría traducirse en una reducción del salario neto mensual.
