Ceuta – El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta ha dado la razón en dos sentencias a la antigua academia ProCeuta —hoy Instituto Internacional de Alta Formación— al reconocer la validez de los diplomas emitidos por el centro, en el marco de la polémica por los cursos de formación que, según la UCRIF, habrían sido utilizados por ciudadanos extranjeros para obtener la residencia por arraigo de manera fraudulenta.
La decisión judicial supone un revés para la Delegación del Gobierno, la Oficina de Extranjería y el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), que desde hace meses vienen denegando renovaciones de residencia y retirando tarjetas al considerar que las formaciones no estaban autorizadas.
En uno de los casos más recientes, el juzgado anuló la resolución administrativa y concedió a un alumno marroquí —que había completado el curso de Limpieza de Superficies y Mobiliario en Edificios y Locales— la residencia por arraigo para la formación durante dos años. “La documental aportada demuestra que la academia estaba debidamente autorizada, y por tanto el diploma es prueba suficiente de haber superado la formación con aprovechamiento”, recoge el fallo.
Un conflicto de más de un año
La investigación comenzó en abril, cuando la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) detuvo a varios empleados de la academia, acusándolos de ofertar cursos falsos o no autorizados que extranjeros usaban, previo pago, para conseguir la residencia.
Desde entonces, el caso ha derivado en una doble batalla: por un lado, la vía penal, donde el antiguo equipo directivo afronta acusaciones por falsedad documental y organización criminal; por otro, la vía contencioso-administrativa, donde ya se acumulan sentencias favorables al centro. El letrado que lleva la defensa, Daniel López Ruiz, confía en que el resto de procedimientos —cinco aún pendientes— sigan el mismo criterio.
Posibles indemnizaciones
El reconocimiento judicial de la validez de los diplomas abre un frente para la Administración: la responsabilidad patrimonial. Si las sentencias se confirman en firme, el Estado podría verse obligado a indemnizar a quienes hayan perdido su residencia, su derecho a trabajar o hayan sufrido perjuicios económicos por las resoluciones denegatorias. “No hablamos de delito o no, hablamos de reparar un error grave”, subraya López.
En algunos casos, las decisiones de Extranjería llegaron a impedir la entrada a España de alumnos que se encontraban fuera del país, incluso antes de que la denegación fuera firme y sin asistencia letrada.
La batalla con el MEFP
La disputa también ha alcanzado a la delegación del Ministerio de Educación en Ceuta, cuyos representantes declararon en mayo por una querella del entonces propietario de ProCeuta. Aunque la causa penal fue archivada provisionalmente, las recientes sentencias han motivado que el antiguo dueño solicite su reapertura, lo que augura nuevos capítulos en este enfrentamiento jurídico.
Por el momento, dos fallos judiciales ya han tumbado la tesis oficial de que los cursos carecían de autorización, dejando tocada la posición de la Administración y reabriendo un debate que combina aspectos legales, administrativos y políticos en torno a la gestión del arraigo para la formación en Ceuta.
