La magistrada confirma que existen “claros indicios” de que Alberto González Amador defraudó más de 350.000 euros a Hacienda. La Fiscalía solicita una pena de 3 años y 9 meses de prisión.
La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha confirmado el procesamiento de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al considerar que existen “claros indicios” de fraude fiscal y falsedad documental.
La jueza ha rechazado el recurso presentado por la defensa del empresario, señalando en un auto judicial que se dedujeron gastos ficticios utilizando facturas falsas para defraudar, presuntamente, 350.951 euros a la Agencia Tributaria entre los años 2020 y 2021.
Según recoge el auto, al que ha tenido acceso EFE, los indicios se apoyan en informes de Hacienda y en una documentación extensa recopilada por peritos imparciales, que reflejan una investigación detallada sobre las supuestas irregularidades fiscales cometidas por González Amador y otros cuatro empresarios también procesados.
La magistrada subraya que “se han acreditado elementos objetivos y subjetivos de los delitos imputados”, y recuerda que el uso de facturas falsas para deducirse gastos inexistentes constituye una práctica que encaja en los tipos penales de fraude fiscal y falsedad documental.
Por estos hechos, la Fiscalía solicita para González Amador una pena de 3 años y 9 meses de cárcel.
Además de esta causa principal, González Amador sigue siendo investigado en una pieza separada por presunta corrupción en los negocios con la empresa Quirón Prevención. En esta línea, las acusaciones populares, ejercidas por Más Madrid y el PSOE, sostienen que podría haber pagado una comisión encubierta de casi medio millón de euros a la esposa de un directivo de la empresa, hecho que también está bajo investigación judicial.
En su resolución, la jueza rechaza practicar nuevas diligencias solicitadas por la defensa del empresario, al considerarlas “innecesarias” en esta fase procesal y recuerda que podrán ser propuestas durante el juicio. Asimismo, recuerda que González Amador se acogió a su derecho a no declarar en febrero y no volvió a solicitarlo posteriormente.
La causa sigue abierta y pendiente de juicio, mientras el foco mediático y político continúa sobre el entorno de la presidenta madrileña.
