El enigma sobre el paradero de los cinco millones de euros que habrían cobrado los principales implicados en el conocido como caso Cerdán continúa sin resolverse.
Jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil trabajan de forma coordinada para localizar el supuesto botín de la trama, que según las investigaciones se habría obtenido mediante sobornos a cambio de manipular contratos de obra pública.
Las diligencias apuntan a que la red se benefició de una compleja operativa de favores ilícitos que permitió a determinadas empresas adjudicarse proyectos en condiciones ventajosas. No obstante, hasta el momento, las pesquisas no han conseguido esclarecer el destino final de las cantidades millonarias presuntamente desviadas.
Fuentes próximas al procedimiento subrayan que el hallazgo de esos fondos podría ser clave para reforzar la acusación y recuperar parte del dinero público comprometido en las operaciones fraudulentas. Mientras tanto, el caso sigue siendo uno de los más relevantes en la lucha contra la corrupción vinculada a la contratación administrativa en los últimos años.
