El presidente de España, Pedro Sánchez, estaba obligado a tomar el control de la situación durante la reciente catástrofe meteorológica que afectó gravemente a la Comunidad Valenciana. Sin embargo, no emitió el decreto necesario para asumir su responsabilidad directa, lo cual generó que se omitieran medidas preventivas y de asistencia ante la emergencia.
La reciente catástrofe provocada por una DANA (depresión aislada en niveles altos) que azotó la Comunidad Valenciana y afectó también a otras cuatro comunidades autónomas ha dejado a la vista una crisis no solo meteorológica y humanitaria, sino política. El presidente Pedro Sánchez, quien según la Ley de Seguridad Nacional era el encargado de asumir el mando y coordinar la respuesta a la emergencia, se encontraba en la India al momento del desastre, mientras que sus ministros y responsables directos estaban fuera de España. La ausencia de una actuación preventiva y de asistencia ágil ha sido objeto de duras críticas, tanto por la falta de reacción inmediata como por la omisión de sus competencias por parte del Gobierno central.
La respuesta de Sánchez, «Si necesita más recursos, que los pida», dirigida al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha sido interpretada como un intento de trasladar la responsabilidad a las autoridades autonómicas, dejando la coordinación de la emergencia en manos de la Generalitat Valenciana. Esto, sin embargo, contradice lo estipulado en la Ley de Seguridad Nacional, la cual exige que, en caso de una crisis que afecte a la seguridad nacional, el presidente del Gobierno debe asumir el mando y no delegarlo. Especialistas y fuentes del sector jurídico señalan que esta ley, aprobada en 2015, establece claramente las competencias en manos del presidente para asegurar una respuesta rápida, coordinada y efectiva ante situaciones de gran magnitud como la ocurrida en el este de España.
El estudio elaborado para el medio El Debate por el consultor Julio Naranjo, experto en derecho público, confirma que el Gobierno central tenía la capacidad y obligación de activar el protocolo de respuesta nacional. De haber seguido lo estipulado en el artículo 4.3 de la Ley de Seguridad Nacional, Sánchez habría asumido el mando de la situación mediante un decreto presidencial, el cual no requiere de aprobación parlamentaria y que le habría permitido movilizar de forma directa los recursos necesarios para atender la crisis. En lugar de eso, el Gobierno optó por dejar la respuesta en manos de la administración autonómica, que quedó desbordada en su capacidad para manejar el desastre.
Según se ha informado, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Confederación Hidrográfica del Júcar ya habían emitido alertas en los días previos sobre el riesgo de fuertes inundaciones, lo cual permitió prever una emergencia de grandes proporciones. A pesar de estas advertencias, no se implementaron las medidas necesarias para prevenir el impacto en las zonas de mayor riesgo, tales como cierres de carreteras, recomendaciones de confinamiento a la población o incluso evacuaciones en los municipios más vulnerables. El protocolo de la Ley de Seguridad Nacional permite adoptar estas medidas de forma rápida y sin trámites parlamentarios largos, justamente para evitar los daños y pérdidas humanas que finalmente ocurrieron.
La polémica se extiende además al papel de la Generalitat Valenciana, que también ha recibido críticas por una gestión tardía y carente de planificación suficiente. No obstante, expertos y observadores indican que, si bien la administración de Mazón pudo haber tomado medidas preventivas adicionales, la responsabilidad última residía en el Gobierno central. El sistema de Seguridad Nacional está diseñado para ser activado en situaciones de este tipo, donde se requiere una respuesta nacional coordinada que trascienda los recursos y competencias de una sola comunidad autónoma.
El Real Decreto 1150/2021, promulgado por el propio Sánchez, refuerza la posición de la Seguridad Nacional en situaciones de emergencia, convirtiendo la Protección Civil en un pilar fundamental de la política de seguridad del país. En él se especifica que las inundaciones son un factor de riesgo prioritario y que el Gobierno central debe coordinar los recursos necesarios para proteger a la población y mitigar los daños. De esta manera, el presidente contaba con el marco legal necesario para haber asumido el mando de la situación y coordinar la asistencia inmediata en las regiones afectadas, de la misma manera que en el pasado, en 2020, intervino en la Comunidad de Madrid durante la crisis sanitaria sin requerir la solicitud de las autoridades locales.
Un aspecto particularmente criticado es el hecho de que el Gobierno ya había realizado simulacros de emergencias similares en el pasado. En el año 2021, se llevó a cabo un simulacro en Huesca en el que se simulaba una crisis de inundaciones, bajo el nombre de “situación de interés para la Seguridad Nacional”, lo que demuestra que tanto Sánchez como sus ministros tenían pleno conocimiento de las medidas que deberían haber adoptado. Sin embargo, a pesar de estas prácticas, la falta de respuesta ante la DANA ha provocado que esta preparación y el protocolo legal parezcan haber caído en el olvido durante una crisis real.
El artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional establece claramente que el presidente del Gobierno debe declarar una “situación de interés para la Seguridad Nacional” en casos de emergencias de gran magnitud que afecten a la vida y la seguridad de la población en varias comunidades autónomas. Este decreto le habría otorgado poderes específicos para movilizar todos los recursos disponibles a nivel estatal, sin esperar a que las autoridades regionales solicitaran ayuda. Sin embargo, esta herramienta quedó sin utilizar, y en su lugar se generaron retrasos y vacíos en la respuesta, con las autoridades autonómicas intentando asumir una responsabilidad que, según los expertos, era más grande de lo que podían manejar.
En resumen, la actuación de Sánchez durante esta emergencia ha sido duramente cuestionada, pues, pese a tener las competencias y los mecanismos para tomar el control, decidió no activarlos, dejando a la Generalitat Valenciana en una posición complicada y sin el apoyo necesario. Si bien Carlos Mazón y su equipo han sido objeto de críticas por su falta de reacción rápida y una comunicación que algunos califican de poco eficaz, la omisión del presidente del Gobierno en este caso tiene implicaciones legales que no pueden ignorarse. Según el artículo 24 de la Ley de Seguridad Nacional, una vez que se declara la situación de interés, el presidente debe informar al Congreso de las medidas tomadas y la evolución de la crisis, algo que no ocurrió en esta ocasión.
El desastre en la Comunidad Valenciana y otras regiones afectadas ha abierto un debate profundo sobre la capacidad del Gobierno para responder a emergencias nacionales y ha dejado en evidencia la fragilidad de un sistema que, aunque teóricamente preparado para actuar en estas circunstancias, quedó inactivo ante una crisis de grandes proporciones. Con más de 200 muertos y miles de afectados, esta catástrofe representa una lección amarga sobre la importancia de una respuesta oportuna y coordinada cuando la seguridad y el bienestar de los ciudadanos están en juego.
