Ayuso llevará a los tribunales el acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat por atentar contra la autonomía fiscal madrileña
La Comunidad de Madrid eleva el tono frente al Gobierno central por lo que considera un trato fiscal privilegiado a Cataluña que penaliza directamente a los madrileños. Según los cálculos del Ejecutivo regional, las concesiones del presidente Pedro Sánchez al independentismo ya suponen un coste de más de 2.000 euros por habitante en la región.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso, acompañada por su consejera de Economía, Rocío Albert, acusó al Gobierno de Sánchez de encaminar a España hacia “una economía intervenida”, y anunció que recurrirá ante la Justicia el último pacto bilateral con la Generalitat, que contempla la creación de una Hacienda catalana. Para Ayuso, este acuerdo no solo consagra una diferencia de trato, sino que incluye cláusulas que perjudican directamente a las comunidades que han optado por políticas fiscales de bajos impuestos, como Madrid.
Una de las cláusulas más polémicas, interpretada por el equipo de Ayuso como una “injerencia sin precedentes”, impide a otras regiones bajar impuestos si Cataluña logra su sistema singular. En total, la Comunidad estima que el “cupo separatista”, junto a la condonación de deuda y otros mecanismos como el fondo de competitividad, supone una factura superior a los 2.000 euros por madrileño.
“No nos sorprende”, afirman desde Sol, donde aseguran que llevan años advirtiendo sobre las cesiones al independentismo. La ofensiva judicial se apoyará en el principio de autonomía fiscal reconocido en el estatuto madrileño, una estrategia similar a la utilizada contra el impuesto a las grandes fortunas, finalmente avalado por los tribunales pero redirigido hacia las arcas autonómicas por decisión legislativa del gobierno madrileño.
Ayuso ha calificado estas medidas como parte de una estrategia política de Sánchez para “salvar su presidencia” a costa de la “igualdad entre españoles”. En este contexto, recuerda que Madrid lleva desde 2021 denunciando el funcionamiento del fondo de competitividad, al que considera una herramienta para penalizar su modelo fiscal.
Otro punto de fricción es la reciente condonación de deuda a Cataluña, estimada en cerca de 500 euros por madrileño, así como el reparto desigual de los fondos europeos y de las inversiones territoriales. Según los datos de la Comunidad, cada catalán recibió 673 euros de fondos europeos frente a 584 euros por madrileño, y las inversiones estatales por habitante en los últimos años presentan un desfase de 100 euros a favor de Cataluña.
Desde la Puerta del Sol aseguran que no se trata de agravios puntuales, sino de una “sistemática deslealtad institucional” que se profundiza con cada acuerdo singular y que pone en juego la cohesión territorial y la justicia fiscal en todo el país.
