Por: Colegio de Abogados y Abogadas de Ceuta
PUBLICIDAD
- El trabajo cotidiano de los 44.000 abogados y abogadas del Turno de oficio y la gestión de los Colegios de la Abogacía es absolutamente INDISPENSABLE e INSUSTITUIBLE para materializar el derecho a la tutela judicial efectiva recogida en nuestra Constitución, donde reside la esencia de nuestra democracia.
- El conjunto de la profesión percibe con profunda preocupación el MALTRATO SISTEMÁTICO del que están siendo objeto quienes, a pesar de las lamentables condiciones en que se presta, continúan haciendo realidad ese derecho esencial para que podamos reconocernos como una democracia moderna.
- Con un SISTEMA RETRIBUTIVO DESFASADO en cuanto a sus cuantías, caótico en su estructuración territorial y a todas luces simbólico sobre el coste real del servicio, los miembros del Turno rechazan la aplicación de un reglamento que siembra la duda permanente sobre los servicios que se certifican a través de los Colegios.
- La Justicia Gratuita no puede seguir siendo ni un solo día más la GRAN OLVIDADA de un sistema de garantías que genera nuevos derechos y obligaciones sin incorporar más medios ni mejorar las condiciones de trabajo de quienes finalmente lo hacen realidad.
- Transcurridos 26 años desde la aprobación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, puede asegurarse que la legislación que regula este derecho necesita una URGENTE ACTUALIZACIÓN que comience por conceptos esenciales y que descanse sobre una Ley del Derecho de Defensa.
- La permanente alusión de los poderes públicos a la necesidad de PROTEGER A LOS COLECTIVOS VULNERABLES de la sociedad no puede arrinconar uno de los servicios públicos esenciales como es la Justicia Gratuita, pues supone abandonar a su suerte precisamente a quienes se encuentran en peor situación de entre los ciudadanos golpeados por la crisis.
- El conjunto de las instituciones colegiales exige una SOLUCIÓN URGENTE Y EFECTIVA para el abono de los SERVICIOS PRESTADOS POR EL TURNO Y NO RETRIBUIDOS como consecuencia de una mala práctica legislativa persistente.
- Las reiteradas manifestaciones de los poderes públicos en defensa de la PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES deben ir acompañadas de una imprescindible mejora de las condiciones para quienes desde la abogacía luchan cada día por ganar terreno a su histórica indefensión.
- Las manifestaciones políticas de compromiso y apoyo a la Justicia Gratuita que no se sustancian en un incremento de la inversión económica no hacen más que ahondar en el sentimiento de abandono que recorre la profesión y que se visualiza en el HARTAZGO de numerosos compañeros.
- El principio constitucional de que ningún ciudadano puede afrontar un proceso legal sin contar con un abogado y que este fundamento está en el corazón del compromiso social de la abogacía NO PUEDE UTILIZARSE COMO COARTADA PARA APLAZAR INDEFINIDAMENTE LA DIGNIFICACIÓN DE UN SERVICIO que se percibe como de una enorme calidad y se materializa a un coste ínfimo para el Estado.
