Un correo de 2015 revela que el entonces ministro de Hacienda recibió por vías informales un documento de la Fiscalía sobre la caja B del PP. El autor del escrito es hoy el fiscal que limita la investigación en su contra.
Un correo electrónico interno del Ministerio de Hacienda, fechado en marzo de 2015, muestra que el entonces ministro Cristóbal Montoro tuvo acceso anticipado e informal a un escrito de la Fiscalía Anticorrupción relacionado con la financiación irregular del Partido Popular. El documento habría llegado a su despacho antes incluso de ser presentado ante el juez Pablo Ruz o a las partes personadas en la causa.
El mensaje fue enviado por Felipe Martínez Rico, jefe de gabinete de Montoro, al correo del ministro en el Ministerio de Hacienda. En él se detalla que el fiscal Antonio Romeral había remitido un informe sin firma, que había llegado a través de dos vías distintas y que sería utilizado para preparar la respuesta del ministerio ante el juzgado.
“Todavía no tenemos conocimiento de ningún escrito del juez Ruz a la AEAT, pero ya tiene cobertura suficiente para insistir en su planteamiento”, escribía Martínez Rico, dejando claro que Hacienda se adelantaba a movimientos judiciales aún no producidos oficialmente.
La situación se enmarca en un momento clave de la instrucción del caso de la caja B del PP, cuando se debatía si el partido debía ser acusado de delito fiscal por la financiación opaca de las obras en su sede nacional. Hacienda y la Fiscalía se alinearon en informes que defendían que las donaciones ilegales no estaban sujetas a tributación, lo que terminó dejando al PP fuera de esa acusación.
El fiscal que escribió el informe, ahora frena la investigación
El fiscal que elaboró aquel informe, Antonio Romeral, es hoy número dos de la Fiscalía Anticorrupción. Es, además, quien supervisa y restringe la actuación de Carmen García Cerdá, la fiscal encargada del actual caso contra Montoro.
García Cerdá ha chocado repetidamente con sus superiores en su intento de ampliar la investigación, especialmente para esclarecer el tráfico de correos internos de Hacienda como el revelado ahora por elDiario.es. En un escrito remitido en mayo de 2023 a Alejandro Luzón, jefe de Anticorrupción, la fiscal insistía en la relevancia penal de ese correo y lo calificaba de posible delito de obstrucción a la justicia, al contener “actuaciones procesales declaradas secretas por la autoridad judicial”.
Pese a ello, Luzón impuso a Romeral como supervisor de García Cerdá, impidiéndole actuar sin su visto bueno. Romeral ha vetado la apertura de una nueva línea de investigación sobre el uso interno y presuntamente interesado de información judicial y fiscal en el Ministerio de Hacienda.
Una fiscal aislada frente a la cúpula
La tensión entre la fiscal del caso y la cúpula de Anticorrupción desembocó en una junta interna donde solo cuatro fiscales apoyaron su postura frente a los 18 que respaldaron a Luzón. Fuentes presentes en esa reunión señalan a Romeral como uno de los más críticos con la fiscal, a pesar de ser el autor del informe filtrado que llegó a manos de Montoro.
El intercambio de correos muestra, además, cómo Montoro monitorizó toda la actividad de la Agencia Tributaria y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) en relación al caso, a pesar de que estos organismos actuaban como auxiliares del juez y no debían informar al Ministerio.
El contenido de estos correos, incautados durante la investigación, apunta a que el Ministerio de Hacienda pudo haber actuado con ventaja para proteger al PP de una imputación por delito fiscal. La filtración de información judicial reservada, el papel de los peritos de Hacienda y la omisión de prisión para Bárcenas por parte de Romeral son algunos de los episodios más polémicos de una instrucción que marcó un antes y un después en la historia judicial del partido.
Pese a que la Audiencia Nacional y el Supremo respaldaron la exención fiscal del PP, el partido fue finalmente condenado como responsable civil subsidiario por los delitos cometidos por su extesorero, Luis Bárcenas.
