El Gobierno de Pedro Sánchez ya trabaja en el diseño de los Presupuestos Generales del Estado para 2026, con el objetivo claro de asegurar el respaldo de sus socios parlamentarios en un momento políticamente delicado. La Moncloa estaría dispuesta a asumir nuevas exigencias, como el traspaso de competencias fiscales y de infraestructuras a Cataluña, con el fin de garantizar la aprobación de las cuentas.
Esta estrategia llega en un contexto marcado por la presión judicial que enfrenta el Ejecutivo, con varios escándalos que han sacudido al entorno gubernamental. En este escenario, el Ejecutivo redobla sus esfuerzos por consolidar su mayoría parlamentaria y evitar desestabilizaciones.
Fuentes del Gobierno aseguran que el compromiso con el diálogo y la negociación con los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez sigue siendo firme. Aunque no se ha concretado aún el alcance de las cesiones, se da por hecho que las demandas catalanas volverán a tener un papel central en la negociación presupuestaria.
