La empresa municipal ignora los principios de publicidad, mérito y capacidad, y mantiene contrataciones irregulares pese al aviso de Inspección de Trabajo
La empresa municipal SERVILIMPCE, continúa operando al margen de la legalidad en sus procesos de contratación de personal, según denuncian fuentes conocedoras del funcionamiento interno de la entidad. A pesar de que la legislación obliga a seguir los principios de publicidad, mérito y capacidad en el acceso a empleos públicos, la dirección de SERVILIMPCE sigue sin aplicar estos criterios, recurriendo a prácticas que ya han sido objeto de advertencia por parte de la Inspección de Trabajo.
Durante el pasado verano, recién constituida, la empresa justificó la contratación de personal de refuerzo recurriendo a trabajadores de fines de semana, ampliándoles la jornada hasta las 35 horas para cubrir el aumento de demanda estacional. Aunque esta medida pudo entenderse entonces como provisional y de emergencia, este año se repite el mismo patrón, ya con la empresa plenamente operativa y sin justificación legal alguna.
Lejos de corregir esta anomalía, la dirección de SERVILIMPCE continúa prorrogando contratos sin transparencia, sin convocatorias públicas, ni baremaciones objetivas, favoreciendo a perfiles ya integrados en la plantilla de forma precaria en lugar de abrir un proceso competitivo que garantice la igualdad de oportunidades.
Todo ello, a pesar de contar con un informe de la Inspección de Trabajo que prohíbe expresamente estas prácticas, según ha podido confirmar este medio. El documento, que advierte del incumplimiento de los principios fundamentales en la contratación pública, ha sido ignorado por los responsables de la empresa municipal, que siguen adelante con su estrategia de consolidar personal de fin de semana sin ningún tipo de proceso selectivo abierto.
El caso resulta especialmente preocupante al tratarse de una entidad dependiente del Gobierno de Ceuta, lo que compromete la legalidad y la transparencia exigidas a toda administración pública. La persistencia en estas irregularidades podría tener consecuencias legales y administrativas, además de suponer una vulneración flagrante de los derechos de quienes, en igualdad de condiciones, aspiran a un empleo en el sector público.
Por el momento, la Ciudad Autónoma guarda silencio ante estas maniobras, mientras SERVILIMPCE continúa operando en un marco de opacidad que levanta cada vez más sospechas y malestar entre la ciudadanía.
