Los ocho miembros de la mesa que adjudicó las obras a la UTE de Acciona y Servinabar deberán explicar en el Parlamento navarro cómo se otorgó el contrato de 76 millones.
El Parlamento de Navarra se prepara para acoger en octubre una comisión de investigación centrada en las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas por parte del Gobierno foral. La iniciativa surge tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que apunta a una red de contrataciones sospechosas vinculadas al entorno del socialista Santos Cerdán y su socio Koldo García.
Aunque se investigarán contratos de las últimas cuatro legislaturas, la presidenta navarra, María Chivite, no tendrá que comparecer. El PSN-PSOE, junto a sus socios de Geroa Bai y EH Bildu, usó su mayoría parlamentaria para excluirla de la lista de comparecientes.
El cargo de mayor rango del actual Ejecutivo que sí deberá declarar es el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, tío de la presidenta. Durante su mandato se licitó y adjudicó la reforma del túnel de Belate, por un importe de 76 millones de euros, a una UTE formada por Acciona y Servinabar, empresa en la que Cerdán es copropietario. También está citado a declarar José María Entrecanales, presidente de Acciona.
Pero la atención se centrará especialmente en los ocho integrantes de la mesa de adjudicación, cuyo testimonio será clave para esclarecer cómo el contrato terminó en manos de la llamada “trama Koldo”.
Entre ellos destaca Jesús Polo Soriano, director del Servicio de Nuevas Infraestructuras, señalado por haber favorecido con su puntuación a la UTE ganadora cuando ya conocía las valoraciones de sus compañeros. Su controvertida presencia en la mesa fue posible gracias a una modificación presupuestaria promovida por la entonces consejera Elma Saiz —hoy ministra de Seguridad Social— que evitó su jubilación pese a haber superado los 70 años.
En el lado opuesto está Lorenzo Serena, secretario de la mesa, quien junto a otros dos miembros presentó votos particulares denunciando falta de justificación técnica en la adjudicación. Estos tres funcionarios, considerados “objetores internos”, se opusieron abiertamente al resultado del concurso.
A pesar de que se analizarán adjudicaciones realizadas bajo los gobiernos de Yolanda Barcina, Uxue Barkos y la propia María Chivite, ninguna de las tres expresidentas será llamada a declarar. Tampoco lo hará Ramón Alzórriz, ex número dos del PSN, quien dimitió recientemente tras conocerse que ocultó que su pareja trabajaba para Servinabar.
En contraste, sí figuran en la lista de comparecientes Santos Cerdán y Koldo García, ambos considerados ejes centrales de la trama. Su citación fue promovida por EH Bildu, no por el PSN.
La comisión promete enfrentamientos entre técnicos y políticos, con un trasfondo de presunta corrupción que ya ha provocado dimisiones y detenciones. El túnel de Belate, convertido en epicentro del escándalo, podría sacar a la luz las grietas de una red que, durante años, habría operado bajo la apariencia de legalidad institucional.
